Francia y Jonás migraron junto a sus tres hijos desde Haití hace cinco años. Desde entonces, ella no ha conseguido un trabajo estable, por lo que para complementar los ingresos de su marido vende bebidas en una feria de su barrio los días domingo, de manera informal. Jonás, por su parte, trabaja como repartidor de comida para una aplicación de delivery, moviéndose en su moto por la ciudad diariamente, sin contar con contrato, pero generando ingresos para su familia. Para ellos, migrar era un anhelo que contenía la promesa de conseguir una mejor educación para sus hijos y una mejor calidad de vida de la que podían tener en Haití.

La migración por motivos laborales ha sido comprendida como una de las principales causas por las cuales se inician los procesos migratorios. La búsqueda de empleos en otros lugares que permitan mejorar la calidad de vida de las personas, así como generar ingresos para las familias que quedan en los países de origen, han sido las explicaciones que diversas teorías han sostenido por años del por qué se producen las migraciones. Esta comprensión del fenómeno migratorio sitúa a las personas como agentes económicos que permiten con su movilidad generar ingresos a través de la inserción en mercados laborales en países que mantienen una demanda permanente de trabajo, condición inherente a su estructura económica.

Sin embargo, esta concepción de agente económico del migrante, que suele ser la más recurrente en los discursos políticos y de la sociedad civil, trae consigo una mirada instrumentalizada, que invisibiliza la dimensión humana del fenómeno migratorio, al reducirlo solo a mano de obra.

En Chile de acuerdo a las cifras del INE (2020), habrían cerca de un millón y medio de migrantes, teniendo una tasa de participación laboral del 70,1% (SJM, 2020) ocupándose, principalmente, según sector económico en el comercio (23%), la industria manufacturera (13%), la construcción (10%), y las actividades de alojamiento y hotelería (10%). El perfil de este trabajador/a migrante, de acuerdo a las encuesta CASEN y otras fuentes estadísticas, es población eminentemente joven, con mayor cantidad de años de estudios que la población nacional y que trabaja más horas en las jornadas laborales (CEP, 2019).

En el actual escenario de crisis económica y socio sanitaria, en la cual los empleos más recurrentes de la población migrante se han destruido, se ha fortalecido el trabajo por cuenta propia y el trabajo por aplicación móvil como fuente de ingresos, como es el caso de Francia y Jonás. Es la poca restricción para acceder a este tipo de empleo lo que genera un escenario laboral posible y muy recurrente para aquellos que han perdido sus fuentes laborales o están en tramitación de la regularidad migratoria.

Así, la pandemia ha hecho explotar el trabajo de delivery como fuente de ingresos para personas migradas. En buena parte, son ellos y ellas quienes han sostenido la logística cotidiana para que otros puedan permanecer en sus hogares resguardados de los riesgos de la pandemia. El trabajo por aplicaciones es un nuevo tipo de precariedad laboral y sanitaria en estos tiempos. No se tiene conocimiento de cuántas personas y familias migrantes obtienen sus ingresos de esta fuente de trabajo, ni tampoco de cuáles son las implicancias en sus proyectos migratorios. Es aquí donde la ausencia de una política, y no tan solo una ley orientada a la regulación, se hace cada vez más necesaria. Estas plataformas han encontrado en la precariedad laboral de la población migrante una base de trabajadores y trabajadoras que les han permitido consolidarse.

Se estima que cerca del 35% del empleo es informal, según Fundación Sol, pero aún un porcentaje mayor vive de ingresos de este tipo. La población migrante en especial participa de este segmento. Las empresas de plataforma generan una falsa imagen de dignidad a través de su reconocimiento por el gobierno y galardonadas por premios a la innovación empresarial. Pero lo cierto, es que un número desconocido de migrantes se mueven por la ciudad todos los días para obtener su sustento bajo condiciones precarias y vulnerables, fragilizando sus vidas poniéndolas en mayor riesgo de accidentes o contagio por COVID, no contando con seguros médicos que les permitan hacer frente a estas situaciones. Esta realidad, habla tanto del actual mundo del trabajo en Chile como de la carencia de una política que involucre a la población migrante.

 

Esta columna fue publicada en Revista Pedalea