Este mes conmemoramos una vez más el “Día Internacional de los Trabajadores/as”, instaurado para recordar el movimiento obrero hace más de un siglo. La conmemoración nos encontró en un escenario donde crece el cuestionamiento a lo que hoy efectivamente entendemos por trabajo, trabajadoras y trabajadores, especialmente en un contexto de pandemia que ha sobrecargado a hombres y mujeres obligados a trabajar telemáticamente o a responder a las exigencias de sus contratos, teniendo así que seguir en movimiento.

Por otro lado, mientras esperamos la vuelta a la “normalidad” se ha develado el significativo número de personas que trabaja en la informalidad. Recordemos que para el trimestre octubre-diciembre 2020 (INE) este grupo llegaba a tasas del 30,4% de desocupación y 27% de informalidad. Dentro de este contexto, encontramos a los trabajadores estacionales de larga distancia que ingresan al mercado laboral de la minería, el sector silvoagropecuario y los packing imbricados a este rubro trabajando en lugares distintos a los que viven y exponiéndose a condiciones de vulnerabilidad por debajo de los estándares. Ejemplo de lo anterior son las condiciones de hacinamiento o, al menos, sin delimitaciones adecuadas de distanciamiento social en que deben viajar tanto interregionalmente, como hacia los espacios laborales; las malas condiciones de ventilación y de aforo que han sido denunciadas en los packings; y la escasa fiscalización residencial, donde las personas deben pernoctar durante los turnos de trabajo.

Estos rubros requieren una mayor regulación del Estado para integrar también a quienes trabajan en empresas subcontratistas, estableciendo formas claras de operación en las plantas. Esta situación ha sido denunciada en diversos rubros que operan bajo esta modalidad, como el Sindicato Nº1 de la Compañía Cerro Colorado a inicios del 2020. Esto quedó constatado en la aparición de los primeros focos de contagios Covid que se produjeron, precisamente, en trabajadores subcontratados, situación similar a lo ocurrido en temporada de cosecha en el sector frutícola.

En lo que respecta al sector agropecuario, se deberían articular fiscalizaciones sanitarias en los espacios laborales, de transporte y alojamiento; lo que pone en tensión un sistema que hoy opera de manera precaria y con poco control, dada la condición irregular de contratación de migrantes o “por trato” que se da en este sector. Aquí el sistema no ha sido capaz de responder a un contexto lleno de variantes y fórmulas de aumento de la producción, condicionado por las exigencias del mercado internacional y sin intermitencia.

Hoy, cuando el trabajo se está resignificando y requiere nuevas normativas y consideraciones para pensar el futuro y las reglas del juego, es preciso visibilizar a toda la diversidad de sectores y tipos de trabajos que se desarrollan en nuestro sistema productivo, sobre todo, si ponemos sobre la mesa labores tan relevantes como la minería y la producción alimentaria de nuestro país. Es, por lo tanto, el momento de develar aquello que nuestra sociedad guarda celosamente en los arcanos de lo invisible.

Esta columna fue publicada en Revista Pedalea