• Desde el Núcleo Milenio Movilidades y Territorios MOVYT conversamos con académicos y académicas de ese país para analizar qué se mueve y qué no en esta crisis, en la que algunos han utilizado la movilidad para deslegitimar el paro -presentándola como un derecho vulnerado que dificulta el desempeño económico y social del país-, mientras otros se han movilizado para transformar los actuales escenarios.

Desde el miércoles 28 de abril miles de personas han salido a las calles a protestar en Colombia. Y aunque las manifestaciones partieron en contra de la reforma del gobierno de Iván Duque que buscaba incrementar el impuesto a los productos básicos en plena crisis sanitaria, no terminaron cuando el ejecutivo decidió retirar esta propuesta.

Varios han comparado este “estallido” con el chileno, cuyo factor común es el intento de sus gobiernos de implementar medidas económicas que ponen en evidencia la crisis del modelo existente. De allí que las movilizaciones no cesen cuando las medidas específicas que los detonaron (el aumento en las tarifas del Metro, en nuestro caso), se retiran.

A dos semanas de los inicios de la agitación, Colombia está en un escenario complejo. Sin embargo, en noviembre de 2019 el país ya había iniciado un paro nacional protagonizado por movimientos sociales en movilizaciones que fueron catalogadas como históricas. Es decir, los problemas son profundos y las soluciones siguen pendientes cuando fallan los intentos de diálogo oficiales y continúan sin respuesta las demandas ciudadanas que piden terminar con la desigualdad económica y social, la militarización de la policía, y la falta de resultados del acuerdo de paz con la guerrilla.

A esto se suma la escalada de violencia que se vive en el territorio, donde se despliegan no sólo una abusiva fuerza pública, sino que también ejércitos civiles que luchan por sus propios intereses. El resultado hasta ahora ha sido casi una treintena de muertos y varias personas desaparecidas.

 

El estallido en el territorio colombiano

José Ángel Villabona, académico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, cuenta que la región de Boyacá -ubicada al centro este del país-, es una zona ampliamente rural y campesina considerada “la despensa de Colombia” donde la resistencia es de campesinos, estudiantes y transportadores “los cuales han unido sus fuerzas para bloquear vías y realizar marchas dentro de las ciudades reclamando sus derechos”.

Villabona explica además que las protestas han implicado nuevas apropiaciones del espacio público “dado que el sentido de lo público adquiere relevancia en los manifestantes, las paredes son los lienzos de expresión, las calles y avenidas lugares donde el arte, la pintura, la danza y la música han generado transformaciones en las formas de vivir la marcha, denunciar la corrupción e invitar a las comunidades del mundo a volver sus ojos a nuestro país”, y agrega que de esta experiencia emergen nuevas inquietudes investigativas como el lugar de las ciudades en la producción del sujeto que protesta.

Desde la ciudad de Medellín, situada en el Departamento de Antioquia, al noroeste de Colombia, el economista Elkin Muñoz, docente en el Tecnológico de Antioquia, cuenta que los cacerolazos y marchas han atravesado todo el espectro social “algo totalmente nuevo ya que la indiferencia ante estos hechos era lo que primaba entre los barrios de clases altas. Hoy parece que es diferente la situación”. Sin embargo, indica que los medios de comunicación presentan parcialidades de lo que se está viviendo “les interesa mostrar que se han cerrado las vías, que hay personas que han tenido que caminar desde sus trabajos hasta sus casas con la intención de deslegitimar el paro y la movilización social. Se ha tomado la movilidad como un derecho vulnerado por el paro y como una dificultad para el desempeño económico y social del país”.

Los discursos en circulación

En la misma ciudad, la socióloga María Ochoa, profesora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, analiza la movilidad desde otro punto de vista. Para ella, el rebrote de la movilización ha sido tan fuerte debido a que la militarización y los toques de queda han empobrecido durante demasiado tiempo a quienes trabajan en la informalidad, que son “la mayoría de la población de las grandes ciudades”.

Por otra parte, la larga historia de violencia en Colombia ha provocado que se criminalice la protesta, otorgándole un tratamiento guerrerista “ahora, el enemigo interno es el manifestante”, explica. De allí que también se vean civiles ejerciendo fuerza en las calles “ayer salieron a disparar a la guardia indígena, hace una semana a jóvenes en Pereira y así ha habido varios muertos en distintas partes del país, en Cali, en Medellín, en Pereira, en Bogotá”.

Ochoa señala que también se puede analizar el impacto en la movilidad de los precios producto de los bloqueos que restringen la circulación de productos como los alimentos y la gasolina. Sin embargo, Elkin Muñoz se pregunta respecto a la masividad de la escasez de la que hablan los medios de comunicación “por lo menos aquí en Medellín -no sé en otras partes- uno está comprando todo normal. Hay algunos productos un poquito más costosos, principalmente los que vienen del centro del país, pero en general yo pensaría que no hay desabastecimiento como lo dicen los medios de comunicación, lo que ellos dicen es demasiado alarmante, como para deslegitimar las protestas”.

También podemos observar qué circula y qué no en las noticias. Ochoa cuenta que las redes sociales han hecho contrapeso a los grandes medios de comunicación (Caracol y RCN) que muestran principalmente los desmanes, el vandalismo y las acciones violentas y añade que “la mayoría de las manifestaciones han sido alegres, festivas, estéticas, que son otros discursos que se movilizan alrededor de los medios sociales y alternativos”.

¿Dónde llega este movimiento?

El futuro es incierto en Colombia. Los especialistas han descrito una serie de futuros posibles que van desde soluciones temporales y débiles seguidas de nuevos levantamientos a una intensificación de la violencia frente a la ausencia de consensos. A esto se suma el contexto eleccionario que se avecina -las presidenciales, en mayo del 2022- en el que todas las propuestas pueden pasar a ser presa del oportunismo político y del cortoplacismo.

La dimensión y fuerza de este paro social sorprendió a la clase política -como ocurrió en Chile en octubre de 2019-, sin embargo, parece ser que los diversos factores que lo detonaron estaban en un movimiento subterráneo hace mucho rato, esperando salir a la superficie.