Estos instrumentos que exige la Ley de Aportes al Espacio Público deberían concretarse antes de las elecciones municipales, señalaron investigadores MOVYT en taller realizado en el marco de la Feria Libre de Arquitectura en Barrio Franklin.
En el contexto de la XXI Bienal de Arquitectura y Urbanismo se llevó a cabo el taller “Movilidad y espacio público, desafíos en la implementación de los Planes de Movilidad comunales e intercomunales en Chile” organizado por el Núcleo Milenio Movilidades y Territorios (MOVYT) para discutir las complejidades y oportunidades que se desprenden de estos planes que deberán construirse en cada comuna con la implementación de la Ley de Aportes al Espacio Público.
Paola Jirón, directora MOVYT, introdujo el taller detallando el rol del núcleo y presentando al equipo de destacados investigadores de distintas universidades del país que trabajan en él, para “generar conocimiento sobre prácticas de movilidad y construcción de territorio, e influir en la creación de metodologías de investigación y políticas públicas”.
Este taller buscó acercar a la ciudadanía temas como movilidad y planificación urbana, considerando las necesidades de las personas en la ciudad desde una perspectiva “común y corriente”. La instancia se convirtió en un espacio de encuentro entre académicos, profesionales, vecinos, dirigentes sociales y estudiantes de distintas carreras que buscaban interiorizarse con este tópico.
Participaron en el panel de discusión del taller Juan Carrasco, Ingeniero en Transporte e investigador asociado MOVYT de la Universidad de Concepción; María Victoria Cerda, Analista de desarrollo urbano de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Región de O’Higgins (quién formó parte de la creación de este proyecto); Rocío Andrade, Asesora urbana de la Municipalidad de Renca; y Rosario Carvajal, concejala de la Municipalidad de Santiago.
La nueva Ley 20.958 de Aportes al Espacio Público, aprobada en agosto del 2016, cambia el modelo de inversiones privadas en el espacio público que se hacían tradicionalmente a través de los Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU). Ahora, deben realizarse a través de Planes de Movilidad, comunales y regionales, ejecutados y financiados por privados a través de los Informes de Mitigación Vial (IMIV).
El nuevo reglamento contempla que todos los proyectos públicos y privados deberán mitigar sus impactos. Estas mitigaciones serán equivalentes a las externalidades generadas por el proyecto y se calcularán según métodos objetivos, en base a procedimientos y plazos predefinidos y estandarizados. Al mismo tiempo, la normativa busca promover la equidad urbana, posibilitar un mejor equilibrio entre desarrollo inmobiliario, movilidad y espacio público y, finalmente, beneficiar a la ciudad y el desarrollo inmobiliario, facilitando la armonía entre construcciones y habitantes.
La conversación sobre estos temas fue moderada por el director alterno de MOVYT, Walter Imilán, quien guío a los invitados a debatir en torno tres ejes principales derivados de las expectativas que se tienen de los Planes de Movilidad: ¿cuál será su impacto concreto? ¿están los municipios preparados para llevarlos a cabo?, y cómo la participación ciudadana puede hacerse presente e influir en cada etapa de estos nuevos planes.
“Estos planes van a generar una revolución en la visión de ciudad que ahora tenemos”, afirmó el investigador MOVYT Juan Carrasco, quien también advirtió que estos planes pueden perder todo su impacto potencial y constituir una continuidad de las normativas que ya vigentes si no se planifican con rigor y una perspectiva de armonía con el territorio.
Carrasco también señaló que estos planes corren el riesgo de convertirse en una carpeta de proyectos que enumeren el inmobiliario que a una municipalidad le gustaría erigir en un futuro, si no conlleva detrás una visión más amplia sobre la ciudad que se quiere construir.
La Ley de Aportes al Espacio Público obliga a cada municipio a contar con un Plan de Movilidad y Espacio Público que mitigue el impacto de las iniciativas inmobiliarias y mejore la calidad de vida de la población involucrada en su desarrollo. Al mismo tiempo, deben ser útiles para mejorar las condiciones de conectividad, accesibilidad, operación y movilidad de cada municipio. Además, si los proyectos inmobiliarios ocupan territorios de dos comunas colindantes, se les exige trabajar en conjunto en la construcción de estos planes.
“Los Planes de Movilidad tienen que ser incómodos”, señaló Carrasco en relación a la revolución que mencionó anteriormente y fue enfático en que estos planes deben ser importantes en la discusión previa a las elecciones de alcaldes y gobernadores del año 2020 “si eso no pasa, estamos fritos”, concluyó.
Finalmente, los invitados recalcaron la importancia de que las organizaciones sociales y civiles “fuercen” a los municipios a incluirlos en la discusión de cada una de las etapas de la construcción de estos planes de movilidad y que su participación no se traduzca solamente en instancias de información sobre lo que se llevará a cabo, sino que consultas vinculantes donde la opinión de los vecinos y agrupaciones tengan un efecto concreto en la toma decisiones. Otro taller MOVYT se suma a la XXI Bienal de Arquitectura esta semana “Smart Cities para habitantes comunes y corrientes: perspectivas y realidades”, en el que se identificarán concepciones y percepciones sobre la “inteligencia” de ciertos artefactos urbanos amparados bajo la lógica de Smart Cities y se construirá una cartografía participativa vinculada al tema. Se realizará el viernes 18 de octubre a las 11.00 horas en el Galpón Matadero Franklin (Bío Bío 898).
